(a) Antes de solicitar que el gobernador de otro estado extradite a una persona acusada criminalmente en Puerto Rico por incumplir con su deber de prestar alimentos a un alimentista, el Gobernador de Puerto Rico podrá requerir al Departamento de Justicia de Puerto Rico que demuestre que por lo menos con sesenta (60) días de antelación, el alimentista había iniciado un procedimiento para procurar una orden de pensión alimentaria a tenor con este capítulo o que el procedimiento no prosperara.

(b) Si bajo este capítulo o una ley sustancialmente similar a este capítulo, la Ley Uniforme Federal de Reciprocidad para la Ejecución de Obligaciones sobre Alimentos (Uniform Reciprocal Enforcement of Support Act) o la Ley Uniforme Federal Revisada de la Reciprocidad para la Ejecución de Obligaciones sobre Alimentos (Revised Uniform Reciprocal Enforcement of Support Act), el gobernador de otro estado solicita al Gobernador de Puerto Rico que extradite a una persona acusada criminalmente en dicho estado por incumplir con su deber de prestar alimentos para el sostenimiento de un menor o de cualquier otra persona a quien le debe prestar alimentos, el Gobernador podrá requerir al Departamento de Justicia que investigue la solicitud y le informe si el procedimiento para fijar la pensión alimentaria ha sido iniciado o si será válido. Si surge que el procedimiento será efectivo pero que no ha sido iniciado, el Gobernador podrá posponer el cumplimiento de la solicitud por un tiempo razonable para permitir que se inicie el procedimiento.

(c) Si un procedimiento en el que se solicita se emita una orden de pensión alimentaria se ha iniciado y la persona de quien se solicita la extradición prevalece, el Gobernador podrá declinar cumplir con dicha solicitud. Si el peticionario prevalece y la persona cuya extradición se ha solicitado está sujeto a una orden de pensión alimentaria, el Gobernador puede declinar cumplir con dicha solicitud si la persona está cumpliendo con la orden de pensión alimentaria.