Este reglamento se promulga en virtud del poder inherente del Tribunal Supremo de Puerto Rico y de lo dispuesto en la Ley de la Judicatura del 2003, secs. 24 et seq. de este título, para reglamentar la profesión de la abogacía en Puerto Rico. Su propósito es establecer un sistema uniforme para la asignación de abogados y abogadas de oficio en procedimientos de naturaleza penal, sin menoscabo del deber individual de cada profesional del derecho de proveer servicios legales libre de costo a personas indigentes que dispone el Canon 1 de los de Etica Profesional.