Cuando sea el municipio el que opere o financie directamente el funcionamiento de los centros que provean el servicio, el personal que labore en los mismos, sea como empleado o contratista, se someterá a pruebas de uso de sustancias controladas y estará obligado a proveer sus antecedentes de violencia doméstica o de maltrato de menores a la Oficina de Personal del Municipio.