Asegurar el bienestar y la seguridad de los niños, las niñas o los adolescentes es responsabilidad del Estado. Las autoridades públicas tienen la obligación de informar ante las autoridades concernientes las condiciones de riesgo o vulnerabilidad en que se encuentren todos los niños, niñas o adolescentes. Cuando esto ocurra, la autoridad competente deberá asegurarse de que el Departamento de [la] Familia intervenga de inmediato para garantizar su vinculación a los servicios que ameriten los menores.