Constituye política pública del Gobierno prevenir y atacar el fraude a los programas, contratos y servicios del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo al Programa de Medicaid, y la conducta lesiva al buen uso y manejo de los fondos asignados a dichos programas, contratos y servicios. La erradicación de dicha conducta constituye una prioridad en la agenda del presente Gobierno, pues somos conscientes de las repercusiones del fraude en los servicios que se ofrecen en Puerto Rico, incluyendo los servicios de salud y, sobre todo, en el Programa de Medicaid. Ciertamente, reconocemos que la disponibilidad de fondos para tales servicios depende de la capacidad gubernamental para detectar y prevenir el fraude, y para facilitar el eventual procesamiento criminal y/o las acciones de recobro que correspondan.
De conformidad con lo anterior, el Gobierno hará todos los esfuerzos necesarios para fortalecer las estructuras de investigación y/o procesamiento de actuaciones fraudulentas, y el desarrollo eficaz y vigoroso de tales pesquisas y procedimientos. Conforme a lo anterior, la presente legislación será interpretada de manera que promueva y facilite la investigación y el procesamiento criminal y las acciones civiles que procedan para minimizar el impacto de la conducta fraudulenta e ilegal a los programas, contratos y servicios que se ofrecen en Puerto Rico, incluyendo el Programa de Medicaid.