Es política pública de esta Asamblea Legislativa que la responsabilidad fiscal es la clave para que Puerto Rico recupere su credibilidad ante los inversionistas y mercados financieros, restablezca su crédito y regrese al camino del manejo responsable de la deuda y de sus finanzas, logrando una eficiente restructuración de la misma. Por tal razón, esta Asamblea Legislativa declara que este capítulo es razonable y necesaria para atender la grave crisis fiscal, económica y presupuestaria por la que atraviesa el Gobierno de Puerto Rico.
Esta política pública garantiza la continuidad de la gestión pública en áreas esenciales de salud, seguridad, educación, trabajo social y desarrollo, entre otros, así como la prestación de los servicios necesarios e indispensables para la ciudadanía.