Toda petición presupuestaria presentada por el Gobernador de conformidad con la Sec. 4 del Art. IV de la Constitución de Puerto Rico, para cada año fiscal, vendrá acompañada de un Plan Estratégico de siete (7) años, según éste se define en el inciso (b) de la Sección 8, de la Resolución Conjunta Núm. 321 de 21 de noviembre de 2005. Se comenzará con la petición presupuestaria para el Año Fiscal 2006-2007. Este Plan Estratégico deberá incluir, pero sin limitarse a, un plan de reestructuración y consolidación de programas gubernamentales o la fusión de dos a más agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, siempre que resulte en una reducción en funciones y gastos administrativos. Como parte de cada Plan Estratégico, se podrán proponer planes de retiro incentivado o de retiro temprano; Disponiéndose, sin embargo, que estos planes de retiro temprano sólo se podrán llevar a cabo en aquellas agencias en las cuales su implantación resulte ser costo-efectiva, y se reduzca el número de empleados, y si se garantiza y se demuestra que el mismo no será adverso al Sistema de Retiro de los Empleados Públicos.
Esta disposición ni ninguna otra disposición de este capítulo deberá interpretarse, bajo ningún concepto como una medida dirigida a la reducción del sueldo de los empleados públicos, ni a la cesantía de empleados de carrera, ni utilizarse como mecanismo para menoscabar derechos adquiridos por ley o acordados por convenios colectivos, ni constituirá excusa o impedimento para negociar de buena fe, cláusulas económicas o de otra índole, conforme a las secs. 1451 et seq. de este título, mejor conocidas como “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico”.
Si para un año fiscal particular el Gobernador entiende que no es posible reestructurar o consolidar agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Plan Estratégico sometido deberá contener, pero sin limitarse a, una discusión de las oportunidades de reestructuración o consolidación consideradas y las razones por las cuales no se recomiendan favorablemente las mismas.
Para poder implantar cualquier plan de retiro temprano, el mismo deberá establecerse mediante aprobación de ley.