Artículo 2. Declaración de política pública

PR Laws tit. 3A, § 2 (2018) (N/A)
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Este Plan es creado al amparo de las secs. 8821 et seq. de este título, conocidas como “Ley de Reorganización y Modernización de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico de 2009”. Con este Plan se promoverá una estructura gubernamental que responda a las necesidades reales y contribuya a una mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos. Igualmente, redundará en la optimización del nivel de efectividad y eficiencia de la gestión gubernamental, la agilización de los procesos de prestación de servicios, la reducción del gasto público, la asignación estratégica de los recursos, mayor accesibilidad de los servicios públicos a los ciudadanos, y la simplificación de los reglamentos que regulan la actividad privada, sin menoscabo del interés público.

En el año 1994 se dio una iniciativa de reestructuración del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (en adelante “Departamento”), mediante la aprobación del Plan de Reorganización Núm. 2 de 4 de mayo de 1994, según enmendado. Entre otras cosas, dicho Plan requirió al Secretario del Departamento que dentro del año siguiente a la vigencia del Plan se sometiera al Gobernador un Plan de Reorganización Interno que considerara la integración, hasta donde fuese viable y funcionalmente efectivo, de las funciones administrativas y servicios auxiliares comunes a todos los componentes operacionales del Departamento. Además, se le requirió que se considerara la consolidación, integración o fusión de programas y componentes operacionales, dirigidos a propósitos similares, tales como la Administración del Derecho al Trabajo, el entonces Programa del Cuerpo de Voluntarios, ahora denominada la Administración para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores, y el Programa de Fomento y Desarrollo de Oportunidades de Empleo y Adiestramiento. Dicha reorganización tenía como propósito eliminar la duplicidad de funciones, mejorar la coordinación entre los componentes y promover economías, logrando así la maximización de los recursos públicos, con el fin de ser más eficientes. No obstante, dicho proceso no pudo culminarse en su totalidad.

Por lo antes expuesto, resulta necesario concluir el proceso de reorganización del Departamento y sus componentes, mediante el análisis ponderado de la situación actual, para tomar las medidas que conlleven a una reducción de costos y mejorar la eficiencia de los organismos gubernamentales que mediante este Plan se reorganizan.

La reorganización y modernización del Departamento y sus componentes está basada en el diseño y funcionamiento de estructuras administrativas eficaces y en el mejoramiento de procesos y procedimientos, para lograr un incremento significativo en el desempeño y la ejecución del capital humano en relación a los servicios que presta el Departamento. El objetivo es asegurar una reforma integral que elimine la fragmentación y dispersión de la autoridad en la toma de decisiones y la duplicidad innecesaria de procesos y responsabilidades.

Las actitudes, el desempeño y la ejecución humana son fundamentales para cristalizar una nueva cultura de servicio público como un factor crucial para la totalidad de la Rama Ejecutiva. La reorganización del Departamento se encamina a materializar un esfuerzo de transformación, de manera tal, que contribuya con la celeridad que requiere el desarrollo económico y social de Puerto Rico, dentro de un marco democrático y eficiente de un Gobierno del Siglo 21 y atender efectivamente el incremento vertiginoso de usuarios que solicitan día a día los servicios del Departamento.

Además, la reorganización del Departamento y sus componentes cobra mayor relevancia en estos tiempos en los que convergen varias leyes e iniciativas de legislación, promovidas por el gobierno federal, que impactan sustancialmente la competencia y servicios que le corresponde brindar al Departamento, requiriendo que éste sea un organismo ágil y flexible para acomodarse a los cambios que dicha legislación propone. Por ejemplo, legislación federal recientemente aprobada ha exigido cambios en todo el sistema y la frecuencia con la que el Departamento tiene que presentar informes estadísticos, como base para medir los resultados y el impacto de los servicios, provocando una supervisión y evaluación constante del gobierno federal sobre las responsabilidades de esta Agencia. Estas y otras iniciativas a nivel local y federal exigen una reingeniería de procesos, de manera que se garantice que todos los beneficios y servicios lleguen con sentido de urgencia a los ciudadanos, así reactivando la economía de manera efectiva. Legislación como lo es la American Recovery and Reinvestment Act of 2009 (ARRA, por sus siglas en inglés), ha otorgado al Departamento una cantidad sustancial de fondos para llevar a cabo iniciativas de adiestramiento conducentes a grados académicos y vocacionales; ha exigido que la Agencia impulse el diseño y la creación de un sistema de base de datos integrado del Negociado de Seguridad de Empleo; y que se promueva la creación de empleos verdes para el desarrollo de la industria de energía renovable, entre otras alternativas para reactivar la economía. Por su parte, bajo las leyes federales conocidas como The Continuing Act of 2010 y The Temporary Extension Act of 2010, se extendieron los beneficios a cobrarse por condición de desempleo. Asimismo, bajo el Workforce Investment Act (WIA, por sus siglas en inglés) se han asignado fondos federales para evaluar, adiestrar y proveer servicios de apoyo y para reemplazar y colocar a personas elegibles en empleos en los que exista demanda.

De igual forma, resulta necesario enmendar las secs. 1581 et seq. del Título 18, que crea al Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos (en adelante “CDORH”) para redenominarlo como Administración de Desarrollo Laboral, para atemperar dicha Ley a las disposiciones estatutarias sobre adiestramiento y empleo federal. Actualmente, el CDORH es el componente responsable del control y la administración, fiscalización y coordinación gerencial de los fondos federales que le son delegados al Gobierno de Puerto Rico, con respecto a programas de empleo y readiestramiento. Las enmiendas que en este Plan se establecen aseguran la efectiva implantación, diseño, promulgación e instauración de la política pública en relación con el Sistema de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos.

Mediante el presente Plan de Reorganización se transfiere y consolida en el Departamento las responsabilidades y la política pública delegada en la Administración para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores y en la Administración del Derecho al Trabajo, con el propósito de propiciar el ofrecimiento de servicios de una manera coordinada. Además, se le confiere al Secretario del Departamento la facultad para nombrar al Administrador de la Administración de Rehabilitación Vocacional y al Administrador de la Administración de Desarrollo Laboral, para establecer claramente la autoridad del Secretario para supervisar el cumplimiento de la política pública.