Ningún funcionario o miembro de asociación u organización alguna, y ninguna asociación u organización alguna, que participe o tenga interés en una disputa obrera será responsable ante ningún tribunal de justicia de Puerto Rico por los actos ilegales de funcionarios, miembros o agentes individuales, excepto cuando haya clara evidencia de su participación real en tales actos, o de que hayan realmente autorizado los mismos o de que los hayan ratificado después de haber tenido conocimiento real de ellos.