El Gobierno se compromete y acuerda con cualquier persona que sea parte de un contrato de alianza y con las entidades que financien dichos contratos, a no limitar ni restringir los derechos o poderes que se confieren a la Autoridad y a la entidad gubernamental participante o aquéllos que al momento de entrar en el contrato de alianza tenga la entidad gubernamental participante bajo su ley orgánica.