Todo porteador marítimo, aéreo o terrestre, y todo almacenista o depositario que a sabiendas reciba armas de fuego, accesorios o partes de éstas o municiones para entrega en Puerto Rico, no entregará dicha mercancía al consignatario hasta que éste le muestre su licencia de armas o de armero. Después de cinco (5) días laborables de la entrega, el porteador, almacenista o depositario notificará al Superintendente, dirigiendo la notificación personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, el nombre, dirección y número de licencia del consignatario y el número de armas de fuego o municiones, incluyendo el calibre, entregadas, así como cualquier otra información que requiera el Superintendente mediante reglamento. Deberá, además, toda aerolínea comercial, que vuele a Puerto Rico y que haya recibido armas de fuego y/o municiones de parte de un pasajero para transportarlas a nuestro País como parte de su equipaje, notificar a la Policía de Puerto Rico sobre este importe, al momento que se le vaya a entregar dicha arma de fuego y/o municiones al pasajero. La línea aérea suministrará a la Policía el nombre del pasajero, dirección, teléfono y demás información de contacto, además de la cantidad, tipo, calibre y datos de registro de las armas y/o municiones que éste transporte al País. La Policía utilizará la información suministrada para corroborar que dicho transporte cumple con las leyes y reglamentos aplicables en Puerto Rico. Esta notificación se hará de conformidad a la reglamentación que la Policía de Puerto Rico adopte para hacer cumplir los términos de este capítulo.

Cuando el consignatario no tuviere licencia de armas o de armero, el porteador, almacenista o depositario notificará al Superintendente inmediatamente de tal hecho, el nombre y dirección del consignatario, y el número de armas de fuego o municiones para entrega. Además, no entregará dicha mercancía a tal consignatario hasta tener autorización al efecto, expedida por el Superintendente.

La violación de cualquier obligación aquí establecida constituirá un delito grave que será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de doce (12) años y pena de multa no menor de dos mil dólares ($2,000) ni mayor de diez mil dólares ($10,000). De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de veinticuatro (24) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) años.