Todo proyecto de vivienda o residencia establecida dentro del marco conceptual de este capítulo, que cometa violación o incumplimiento de las disposiciones de este capítulo y los deberes que ésta exige, se expondrá a que el Departamento de la Vivienda determine que procede la suspensión de su certificación, la revocación permanente de su certificación, o la denegación de la renovación de la misma.

En adición, cualquier persona que opere o administre sin la debida certificación un proyecto de vivienda o residencia dentro del marco conceptual de vida asistida creada al amparo de este capítulo, incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será castigada hasta con una pena de multa que no excederá de cinco mil dólares ($5,000) o de cárcel hasta un término de seis (6) meses o ambas penas a discreción del tribunal.

Toda persona que en Puerto Rico se dedicare o se disponga a colocar personas de edad avanzada en residencias dentro del marco conceptual de vida asistida creada al amparo de este capítulo, en conocimiento de que dicha residencia o proyecto de vivienda no tiene certificación para operar dicha residencia, incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será castigada hasta con una pena de multa que no excederá de cinco mil dólares ($5,000) o de cárcel hasta un término de seis (6) meses o ambas penas a discreción del tribunal.

Cualquier violación de las antes mencionadas constituirá causa razonable para denegar, renovar, modificar o revocar una certificación para dedicarse a los propósitos mencionados en este capítulo. Independientemente de la existencia o uso de cualquier otro remedio, a petición de la Oficina o el Departamento, el Secretario de Justicia de Puerto Rico podrá solicitar un interdicto injunction o cualquier otro remedio, para impedir que la persona acusada opere o administre sin la debida certificación un proyecto de vivienda o residencia dentro del marco conceptual de vida asistida.