A no ser en virtud de lo dispuesto en este subtítulo o de una orden emitida por un Tribunal de Justicia con competencia para ello, no se podrá rechazar, cancelar, invalidar o anular el registro o inscripción legal de un elector o privar a un elector calificado de su derecho al voto mediante reglamento, orden, resolución, interpretación o cualquier otra forma que impida lo anterior.
No podrá arrestarse a un elector mientras vaya a inscribirse o a votar, estuviere inscribiéndose o votando, excepto por la comisión de hechos que dieran lugar a una acusación de delito grave, delito electoral, o perturbación del orden público.