El derecho del pueblo a estar garantido en sus personas, documentos, hogares y efectos, contra registros o secuestros arbitrarios, no se violará y no se librará ninguna orden de allanamiento ni de ocupar cosa alguna mueble, sin describir el local que ha de reconocerse o la persona que ha de ser registrada y el objeto de que han de incautarse, ni sin causa probable apoyada en el juramento o afirmación por escrito.